Establecer mayores controles sobre los centros de atención a personas con adicciones y garantizar un trato digno a quienes reciben tratamiento es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada local del PRI, Bertha Garza Elizondo, ante el Congreso de Nuevo León.
La propuesta busca reformar la Ley Estatal de Salud para definir las condiciones bajo las cuales deben operar estos establecimientos, particularmente en lo relacionado con el ingreso, la permanencia y la salida de las personas internadas.
Entre las medidas planteadas destaca que todos estos procedimientos sean voluntarios y cuenten con el consentimiento libre, informado y por escrito de cada persona. Asimismo, se pretende prohibir los castigos físicos, el aislamiento indebido, las retenciones injustificadas y cualquier práctica coercitiva o humillante.
Garza Elizondo señaló que la ausencia de disposiciones suficientemente claras puede propiciar conductas contrarias a la dignidad humana, por lo que consideró necesario reforzar las obligaciones legales de los responsables de estos centros.
La iniciativa contempla adicionar los artículos 73 Bis VI, 73 Ter, 73 Ter I y 73 Ter II a la legislación estatal. También establece que las violaciones a la integridad física, psicológica o emocional de los usuarios puedan derivar en la clausura inmediata de los establecimientos, además de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Otro componente de la reforma consiste en reconocer derechos mínimos para quienes reciben atención, como mantener contacto con sus familiares, recibir visitas periódicas, disponer de alimentación adecuada y acceder a servicios médicos integrales.
Además, los pacientes deberán contar con información comprensible sobre su tratamiento y la evolución de su proceso de recuperación.
Con esta iniciativa, la legisladora busca fortalecer la supervisión institucional y establecer garantías que permitan brindar atención a personas con adicciones sin recurrir a prácticas que vulneren sus derechos fundamentales.